El gobierno de México ha promovido la instalación de parques eólicos, argumentando que es una energía limpia (cualidad, parcialmente cierta). La estrategia gubernamental de implantación ha favorecido a corporaciones transnacionales, en contra de las comunidades originarias que están perdiendo el control sobre sus territorios, mismos que han sido ocupados por estas empresas, provocando un deterioro ecológico, social, político y cultural. En el Istmo de Tehuantepec, una parte significativa de la población originaria se ha organizado para resistir y revertir este proceso, demandando una política pública incluyente y participativa.