Durante las dos últimas décadas, varios países de América Latina llevaron a cabo la privatización y liberalización de sus sectores de servicios, entre ellos, el eléctrico. Guatemala no ha quedado al margen de este proceso y, como resultado del mismo, han llegado al país nuevas inversiones -empresas estadounidenses en el área de generación y españolas en el de distribución-. Los objetivos declarados de este procedimiento hacían referencia a una reducción del coste de la energía, una mejora en la prestación del servicio y una extensión del mismo hacia el área rural. El presente trabajo tiene como fin analizar en qué medida se han cumplido cada uno de los citados objetivos.