Este artículo analiza la relación entre el rezago en las condiciones laborales de los jornaleros mexicanos, la ausencia de una representación efectiva de sus intereses, la existencia de autoridades que toleran las medidas represivas de sus empleadores y su debilidad estructural en el mercado laboral. Se sostiene que esta situación obstruye cualquier demanda de cumplimiento de derechos, salvo en circunstancias extraordinarias como las que dieron lugar a la movilización y organización de los jornaleros del valle de San Quintín entre 2015 y 2017. En este caso, la lucha por la obtención de una auténtica representación de intereses, se traslapa con la demanda de mejores términos de intercambio entre trabajo y capital.