Controversia (no. 210 jun 2018)

Abstract

El “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, a pesar de sus innegables dificultades, todavía representa una oportunidad de transformación para la sociedad colombiana en varios puntos que históricamente se han identificado como neurálgicos: desarrollo agrario integral; participación política; problema de las drogas ilícitas; reparación de víctimas y la reincorporación de los guerrilleros de las farc. Si bien las experiencias internacionales auguraban un periodo inicial plagado de dificultades en la implementación de dicho Acuerdo, la visión de las partes parecía inclinarse por un voto de confianza mutuo, bajo el cual, gran parte de los obstáculos eran en esencia cuestión de tiempo. A mediano plazo Estado y sociedad comprenderían el tamaño y la importancia del acuerdo logrado, generando una dinámica irreversible en favor de la consolidación de la paz y la reconciliación nacional. Sin embargo, tras dos años de implementación de los acuerdos de paz, el marco legislativo y normativo requerido para la implementación de cada uno de los puntos acordados en la Habana –algunos de ellos bajo el mecanismo vía fastrack–, no solo no han surtido el efecto esperado, sino que las expectativas de los protagonistas de la firma de paz han disminuido considerablemente, en correspondencia con el giro que en este sentido representó el cambio de gobierno.